Recicladores rechazan proyecto de ley de gestión de residuos y lo catalogan de ineficiente

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Tras su ingreso a la Cámara en septiembre de 2013 y ser reimpulsada por el ministro de Medio Ambiente (MMA), Pablo Badenier, desde mediados del año pasado, el Proyecto de Ley de Gestión de Residuos y Responsabilidad Extendida del Productor -también conocido como “Ley del fomento al reciclaje”- fue aprobado el 1 de abril de forma unánime (con 99 votos a favor) abriéndose paso al Senado para su trámite final con carácter de urgencia simple, esto implica votarla antes del miércoles 15 de abril.

Según cifras del Ministerio de Medio Ambiente, ningún país de América Latina supera el 15% de material reciclado, cifra que en Chile bordea el 10%. No obstante, posee una de las tasas de producción de residuos sólidos más altas de la región, con 17 millones de toneladas generadas al año. Sin embargo, aunque cerca de 6,5 millones de toneladas provienen del sector domiciliario, éste no posee obligación ni sanción alguna en el actual proyecto en discusión.

En ese sentido, el presidente de la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje (ANIR), Roberto Izquierdo, señala que uno de los mayores problemas del proyecto es que no distingue el mundo industrial del municipal, donde el primero recicla mucho mientras el segundo recicla prácticamente nada. A esto se suma la ausencia en la discusión del Ministerio de Economía, del cual depende la industria, y el peligro de desaparecer que tienen las actuales empresas de reciclaje frente a la prevista instalación de los “Sistemas de Gestión”, los que son “intermediarios sin fines de lucro que administran los residuos enriqueciendo a sus gestores”, sostiene.

Municipios y reciclaje

Izquierdo explica que reciclar desechos domiciliarios tiene dos ventajas evidentes. Por una parte, puede dar origen a una industria de reciclaje de alta tecnología a partir de materia prima de bajo costo que puede reemplazar a materias primas importadas y, en segundo término, permitiría reducir la contaminación del medio ambiente generada por el excesivo volumen que llega a los vertederos.

Hoy los municipios no están obligados por ley a velar por la clasificación de la basura en los hogares ni al retiro segregado. Este proyecto tampoco lo induce, destinando a perder productos reciclables valiosos entre la basura municipal sin posibilidad de recuperarlos. “Por eso esta norma será inútil para reducir la contaminación”, afirma el ejecutivo.

El presidente de ANIR apunta a que el argumento principal para no obligar a los municipios a participar del reciclaje con la separación de origen -acción indispensable para evitar la contaminación de los productos prioritarios con material orgánico- y el retiro segregado, es que se trata de una actividad cara, lo que en su opinión es sólo una excusa.

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