Correcciones al inventario de emisiones de gei

En el marco de los compromisos que cada país ha adquirido ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, se debe presentar un informe periódico que de cuenta del nivel de emisiones de gases de efecto invernadero y dé los avances en materia de mitigación climática. En el último informe de Chile, se detalla que al 2016 (último año disponible), las emisiones totales alcanzaron las 112 millones de toneladas de CO2e (un per cápita de 6 tonCO2e anual, superior en un 20% a la media mundial).

Sin embargo, el mismo informe detalla que el sector UTCUTS (casi un neologismo para describir “uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura”, y que es casi equivalente a hablar del sector forestal) representa capturas (lo contrario a emisiones) anuales de más de 65 millones de toneladas de CO2e al año. Ello permite reducir el saldo de emisiones del país a 46 millones de toneladas de CO2e al año. Por eso, siempre se hace hincapié que la regla de oro respecto a cómo Chile avanzará hacia la carbono neutralidad –para estabilizar la temperatura del planeta en un aumento no superior a 2ºC– es una combinación de reducción de las emisiones del sector energía (que incluye por supuesto al transporte) y en potenciar los llamados “sumideros de carbono” del sector forestal.

Pero nos estamos quedando cortos metodológicamente respecto a cómo se contabilizan las capturas de CO2 en este sector. En efecto, hoy, cuando se cosecha un árbol, esta acción se contabiliza equivalentemente a una quema, es decir, como si se produjera una emisión inmediata del carbono contenido en él. Pero aun cuando ese es el caso de la bioenergía, claramente no es el caso de productos de madera como vigas, muebles, libros y otros donde la duración del carbono retenido supera los 100 años.

Países como Suecia –otra gran potencia forestal– consideran explícitamente el carbono retenido en los productos de madera en sus inventarios. Si Chile desarrollara el mismo ejercicio, las capturas reales informadas del país superarían los 10 millones de toneladas anuales de CO2. Un volumen demasiado significativo como para ser obviado.

LA SUSTENTABILIDAD DEL FIN DE LA LEY DE PESCA

La deslegitimización de la ley de pesca, producto del financiamiento irregular de la política, ha determinado un inédito apoyo transversal de todas las bancadas a propuestas que van desde el fin de la renovación automática de licencias a la pesca industrial, a la anulación de la normativa vigente.

Sin embargo, si se diera este último caso, tendríamos que retrotraernos a una situación donde la industria estaba regulada bajo una normativa denominada “carrera olímpica”, que es el fenómeno que se genera cuando se fija una cuota general de captura máxima y los actores del mercado sobreinvierten en capacidad extractiva, de manera de poder ser ellos quienes pescan la mayor proporción del recurso disponible. Si se une a lo anterior que el sector artesanal es el responsable de los altos niveles de extraccion ilegal en el país, tendríamos que el mundo político podría simbólicamente “purgar sus pecados” con estas propuestas, pero a expensas de la sustentabilidad del recurso pesquero del país.   

Parece urgente la necesidad de que emerjan otros actores diferentes a los operadores político/jurídicos que operan hoy, que viabilicen un diálogo minimamente razonable, porque la voz del recurso hoy no se escucha, y sobre ella descansa un entramado económico, ambiental y social complejo para muchas localidades costeras del país.



Categories: Políticas Públicas


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